Una reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, dice que las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas que quieren optar a contratos públicos, no vulneran la ley ni obligan a las empresas a cambiar sus condiciones de trabajo. Con ello, el Tribunal avala que el Consistorio de la capital premie, en las licitaciones, a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados. Una buena noticia que ha servido para que el Grupo Municipal Ciudadanos presente una Moción al Pleno del Ayuntamiento del próximo 18 de febrero, para que se incluyan cláusulas sociales, laborales y justas en los pliegos de contratación del Ayuntamiento de Pozuelo, un hecho cada vez más extendido en las administraciones.
Con esta sentencia, el Tribunal entiende que estos requisitos, que respetan el principio de igualdad entre las empresas, tiene como objetivo conseguir una mejor prestación de los servicios que se contratan a una empresa, porque mejorar las condiciones de los trabajadores tiene, en palabras del Tribunal, “una relación directa con la calidad del servicio que se va a prestar”. Nuestro Grupo estima que la contratación que realiza nuestro Ayuntamiento no debe basarse únicamente, como se ha venido haciendo hasta ahora, en obtener las condiciones económicas más ventajosas entre todas las presentadas, porque eso puede ocultar en la empresa licitadora, actuaciones que no contemplen políticas de igualdad, estabilidad en el empleo, condiciones laborales justas y accesibilidad.
Las subastas y concursos públicos adjudicados principalmente en base a la oferta económica, pueden dar lugar a devaluaciones salariales y empeoramiento de las condiciones laborales por parte de las empresas licitantes, que utilizan las bajadas de sueldos de sus empleados para conseguir condiciones económicas ventajosas. Nuestro Ayuntamiento debe ser responsable y proteger a las personas que trabajan en las empresas a las que contrata. Para ello debe promover que las empresas licitadoras paguen sueldos similares a los de la administración pública, pues el fin no es solo el abaratamiento del gasto, sino también unos servicios de calidad con profesionales remunerados equitativamente, de acuerdo a su categoría profesional.
Nuestra Moción propone crear un Protocolo que especifique las cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental, para que sean incorporadas como criterio de valoración, de mejora voluntaria y/o como condiciones especiales de ejecución, en los pliegos de condiciones de contratación de este Ayuntamiento y, posteriormente, en las cláusulas del contrato. La finalidad es favorecer a aquellas empresas licitadoras que cuenten con una proporción mínima de trabajadores en su plantilla con contratos indefinidos; que cumplan con la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad; empresas que no estén inmersas en procesos de ERE cuando han tenido beneficios; que no hayan sido sancionadas en firme por incumplimientos graves en materia de seguridad y salud en el trabajo; que cuenten con un plan de formación dirigido a sus trabajadores; que cumplan y fomenten la igualdad entre hombre y mujer en el ámbito laboral y del contrato y, desde el punto de vista medio ambiental, aquellas empresas que tengan en cuenta el mantenimiento, desarrollo y recuperación medio ambiental, siempre que tenga sentido con el objeto del contrato.
Con esta Moción, que por su racionalidad esperamos sea aprobada por todos los grupos municipales, los pliegos de contratación primarán un mínimo del 30% sobre la puntuación total a las empresas que ofrezcan mejores condiciones laborales. Desde lo público, debemos hacer una reflexión en base a tres elementos: la calidad de los servicios, las condiciones en las que son prestados y el papel de la Administración pública como garante de ambos elementos, pues ésta es la última responsable de la prestación de dichos servicios públicos y por tanto, de cuanto se deriva de las fórmulas de gestión escogidas de forma directa o indirecta. El Ayuntamiento de Pozuelo debe asegurar que esos servicios se contratan con las suficientes garantías en cuanto a salarios y condiciones laborales y que la contratación municipal tenga una orientación ejemplar, lo más social posible dentro de los escasos márgenes que deja la Ley de Contratos.
Miguel Angel Berzal, Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos
