Mucho ha presumido el Gobierno del PP en Pozuelo sobre que nuestro municipio es el de mayor renta per cápita de España. Lo que no dice es que Pozuelo de Alarcón es el segundo municipio, mayor de 50.000 habitantes, con mayor desigualdad de España, después de Alcobendas.
Unos de los pilares básicos de nuestra Constitución es que determina, como principio, que España es un Estado Social.
La Constitución reconoce el Estado Social en el preámbulo, y en el artículo 1.1 de su título preliminar. Su desarrollo lo realiza a través de lo dispuesto en el capítulo III del título I, y en el título VII. Y podemos definirlo como aquel que garantiza a los ciudadanos el ejercicio de irrenunciables derechos sociales, como el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda o la sanidad pública.
No obstante, la consagración de este principio implica que los poderes públicos no solo permiten la igualdad y la libertad, sino que han de intervenir activamente para promover dichos valores y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Junto a una serie e preceptos donde se busca una redistribución de la renta más justa y equitativa, la Constitución también plantea un Estado intervencionista en la protección de determinados bienes (vivienda, salud, trabajo, cultura, etc.).
A nadie se le escapa, a estas alturas, que los ciudadanos, en general, han perdido parte de su capacidad adquisitiva durante el largo periodo de tiempo que está durando la crisis. Año tras año el gobierno del PP de Pozuelo saca pecho con aquello de que es el municipio de mayor renta per cápita de España, pero la realidad es que tenemos una clase media con menores rentas per cápita anual y la tendencia a la baja parece que no cesa.
Tampoco a nadie se le escapa que, apropósito de esta crisis, determinados sectores económicos están aprovechando para imponer en Europa el modelo económico neoliberal. Parece que lo único que puede salvarla es este modelo, al que por cierto no hay alternativa de momento. Es irónico que todo lo que lleva el prefijo neo “nuevo” es precisamente lo contrario: viejo.
Sobre el modelo neoliberal ya se ha escrito mucho, pero nadie se pone de acuerdo, excepto en que no tenemos otro mejor, de momento. Parece que el estado de bienestar se agota y ahora es cuando hay que cargarse determinados servicios públicos, imponer copagos (eufemismo de repago). En definitiva, algunos dicen que España debe adoptar el modelo anglosajón (ahora que ellos se están fijando en el nuestro).
Con el Gobierno de Rodríguez Zapatero la deuda pública se disparó al 70 % del PIB y con el de Mariano Rajoy estamos en el 100%. Esto es una absoluta locura, aunque hay países, como EE.UU y Japón, que tienen mayor porcentaje de deuda respecto al PIB, aunque también tienen un mayor peso económico en términos absolutos y, sobre todo, manejan el cotarro científico a nivel mundial.
Después de hacer una breve contextualización en los párrafos precedentes me gustaría hacer una breve reflexión sobre dos de los conceptos expuesto: la relación entre Neoliberalismo y el Estado de Bienestar. Ambos referidos a Pozuelo. Son dos conceptos complementarios, a mi entender, puesto que el primero crea concentración de la riqueza y el segundo, a través del sistema tributario, asegura su reasignación en términos sociales (hospitales, colegios, educación dependencia, infraestructuras, etc.)
Como todo el mundo sabe, el neoliberalismo económico crea una concentración de la riqueza en las clases que parten con mayores recursos. No obstante ser rico no es un delito, ¡faltaría más! Además, las rentas más altas ya pagan más, pero lo que tiene que hacer el Gobierno es redistribuir bien.
No hace falta subir los impuestos, lo que hace falta es saber gastarlos con sentido en pro de la cohesión social.
En el caso de Pozuelo de Alarcón, el Índice de Gini de 2007 (Datos de FEDEA aquí), que es sólo un indicador de reparto de la riqueza en una comunidad determinada, indicaba que el 20% de las personas declarantes por IRPF más ricas, poseían el 63,65% de toda la renta por IRPF del municipio. La clase media, representada por el 60% de la población, tenía entonces el 43,06% de la riqueza y el 20% menos rico (eufemismo de pobre) apenas llega al 3%.
Lamentablemente desde el 2007 hasta la fecha, el índice de Gini para toda España ha empeorado, por lo que es de esperar que el de Pozuelo también, es decir, se haya concentrado más aún la renta. Lo que es sinónimo de que el Gobierno del PP no está cumpliendo con los deberes constitucionales.
Por otro lado, ya hemos dicho que es el Estado, en sus distintos ámbitos territoriales, el que tiene la labor política de cumplir el objetivo constitucional de crear un estado social mediante el reparto equitativo de la riqueza. En este caso es el Ayto. de Pozuelo, es decir, el Gobierno del PP. Pero el caso es que nos encontramos que este gobierno hace caso omiso a los principios constitucionales, a los que han jurado o prometido su cumplimiento, y se dedican a recaudar dinero del contribuyente y a guardarlos en una cuenta bancaria.
Si se fijan ustedes, en los presupuestos del Ayuntamiento del 2016, se dedica un 6% a las concejalías de Alcaldía y Presidencia y tan solo el 4% a la concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer (Pág. 3 del documento de Presupuestos de Gastos que puede visualizar pinchando aquí). Esto da que pensar, pues el Gobierno del PP dedica más dinero a su imagen y a protocolo que a servicios esenciales para los ciudadanos, demostrando con ello que les interesa más la imagen que dan al vecino que el propio vecino.
Actualmente Pozuelo necesita un plan rehabilitación integral de cascos, un plan de rehabilitación y modernización de instalaciones deportivas, tanto las que están en los distintos polideportivos, como las que están en los colegios. Siempre nos olvidamos que los colegios tienen instalaciones deportivas que están hechas una pena y son de competencia municipal. Y así un sinfín de cosas.
Pozuelo necesita una vuelta de tuerca y el actual Gobierno municipal no parece el más idóneo para ello. Llevan demasiado tiempo en el cargo.
Enrique López Álvarez. Ex concejal de UPyD y afiliado de base de Ciudadanos
