La publicación Madrid Actual, de donde cuelga Diario de Pozuelo, ha publicado un artículo de Miguel Angel Berzal en el que pone en tela de juicio la necesidad de elevar a cuestión de Estado los incentivos a la natalidad, en lugar de que sean políticas municipales las que se encarguen de su aplicación. Este es el texto del artículo:
El envejecimiento de la población es un problema de primer orden que amenaza el desarrollo de la economía y la sostenibilidad de los sistemas de protección social de toda la Unión Europea. En España, este problema se acrecienta porque hay proyecciones estadísticas que sitúan a nuestro país en 2050 como el más viejo del mundo. Tenemos un grave problema porque desde 1980 no logramos el reemplazo generacional, es decir, el nivel de fecundidad (2,1 hijos por mujer y año), necesario para asegurar la sustitución de una generación por otra de igual tamaño. Es más, desde 1987 no superamos la barrera de 1,5 hijos por mujer. Y a fecha de hoy, el nivel de fecundidad está tan solo en 1,32 hijos por mujer, uno de los índices más bajos de Europa junto con Portugal, que lo tiene en el 1,21.
Pero si estos datos son desoladores, los de algunas comunidades autónomas son críticos, como Asturias, que ni siquiera alcanza un hijo por mujer (0,99). Canarias (1,04) y Galicia (1,07) son las siguientes regiones con el índice de fecundidad más crítico. El Instituto de Política Familiar ha calculado que se necesitarían 260.000 nacimientos más cada año en España, para lograr el tan ansiado reemplazo generacional. Pero es que al déficit de nacimientos se une otra variable que agrava aún más el problema: el aumento de la esperanza de vida, que en España se sitúa ya en los 82 años y que ha dado lugar a que aumente también la edad media de la población, que ya superó los 42 años en 2014 cuando en 1991 se situaba en 36,9.
Por tanto, en España tenemos un problema de Estado que debe abordar el Gobierno central, mediante una decidida voluntad política por aumentar los incentivos a la natalidad y poner en marcha estímulos que favorezcan la libre decisión de engendrar hijos por parte de familias responsables. El Gobierno entrante que salga de las elecciones de diciembre, deberá aumentar las cuantías de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo e introducir un tratamiento fiscal más favorable para las familias, especialmente en el caso de familias numerosas, mono parentales, con hijos discapacitados y personas dependientes.
Creo sinceramente que no hay debate político de fondo, porque todos los partidos estamos a favor de medidas que incentiven la natalidad. Lo que puede haber son discrepancias en la forma, en cómo llevar a cabo políticas justas que estimulen la fecundidad, pero para eso está el Parlamento y es allí donde se deben acordar las políticas más adecuadas. Es decir, el reemplazo generacional es una cuestión de Estado, en cuyas políticas pueden actuar como ejecutoras las Comunidades Autónomas, pero nunca los Ayuntamientos, más de 8.000 en toda España, la mayoría de ellos endeudados y con graves problemas de financiación.
Si debajo del gran paraguas nacional se abren unos pocos y minúsculos paraguas municipales, nos encontramos con un dislate mayúsculo, una especie de torre de Babel en la que nadie habla el mismo idioma y donde una mínima parte de la ciudadanía se beneficia de ayudas sociales que la gran mayoría no tiene porque sus ayuntamientos no lo tienen contemplado. Esos ayuntamientos que, como el de Pozuelo, actúan como verso libre al margen de la política nacional, están poniendo en práctica políticas aisladas e injustas, que en nada contribuyen a cumplir el objetivo nacional de aumentar el nivel de fecundidad y con ello, acercarnos como país al reemplazo generacional.
La medida para incentivar la natalidad que quiere poner en marcha el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo es electoralista y desproporcionada, tanto por su importe, 740.000 euros anuales, unos 3 millones de euros en el cuatrienio, como por su carácter universal, es decir, no tendría en cuenta el nivel de renta de las familias beneficiarias. En ese caso, la medida sería injusta porque concedería el mismo dinero a una familia con pocos ingresos que a una cuyo nivel de renta es alto.
Los impuestos que pagan los contribuyentes al Ayuntamiento, deben servir para que éste desarrolle una serie de servicios básicos a la ciudadanía, que sólo una institución pública como el Ayuntamiento puede realizar por su cercanía al ciudadano. Y esos impuestos estarán bien empleados si sirven también para proteger a familias con escasos ingresos, que encuentren dificultades para cubrir sus necesidades básicas y que estén en riesgo de exclusión social. De eso a incentivar la natalidad con carácter universal, hay un abismo.
